Isla Mujeres. – Luego de enfrentar un litigio por más de
cuatro años, hoy finalmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), ordenó el desalojo de la zona federal que ocupaban 70 pescadores de la
cooperativa “Isla Blanca” por más de 20 años.
El problema que inició hace poco más de cuatro años,
concluyó hoy con el desalojo de unos 600 metros cuadrados de zona federal y
aunque los pescadores intentaron oponerse a la orden judicial, al final
tuvieron que acceder y retirar sus equipos y embarcaciones.
En este operativo de desalojo, intervinieron no solo la
capitanía de puerto, sino también la APIQROO, Armada de México y hasta la
Policía Federal Preventiva.
En un hecho sin precedentes, los pescadores no solo fueron
retirados de sus instalaciones en la zona federal sino que inclusive perdieron
el muelle de madera.
Gabriel Antonio Rosel Castro y Jesús Francisco Tec Gutiérrez
directivos de la cooperativa Isla Blanca lamentaron que el Gobierno Federal
haya decidido beneficiar a un particular pasando por encima inclusive del
derecho que le pertenece a los pescadores y sus familias.
La diligencia inició desde las 10 de la mañana y aunque los
pescadores, se manifestaron inconformes en todo momento, siempre prevaleció la
cordura, lamentaron que la Federación de Cooperativas no haya intervenido y
hasta eso de las 13:30 seguían esperando la intervención del representante del
Gobierno del Estado.
“Esperemos que nos manden de nuevo a Jorge Cárdenas quién
también es culpable de esto junto con Javier Cetina González, pues ellos son
los que sacaron beneficio económico de este problema” comentaron los
pescadores.
Para el medio día, los pescadores inconformes habían logrado
prorroga de algunas horas para poder desalojar sus embarcaciones y sus equipos,
pero sobre esta medida no había marcha atrás según los
propios abogados.
Como se recordará el problema inició hace más de cuatro
años, pero fue en el 2009 cuando se “encendieron” los focos rojos, pues se confirmó
que el nuevo dueño del predio colindante de nombre José Luis Ballesteros había
reclamado los derechos sobre la concesión de la zona federal que ocupaban los
pescadores.
Dado que esa zona es considerada recinto portuario, la SCT a
través de un convenio entregó facultad a la Administración Portuaria Integral
de Quintana Roo para su cobro y administración, a través de la Sesión Parcial
de Derechos sobre la Zona Federal.
Bajo esas condiciones, hoy la SCT ordenó el desalojo de la superficie de unos
600 metros cuadrados de superficie, incluyendo una bodega de material
(concreto) y el muelle de madera.
Esta superficie sería entregado a la APIQROO y ellos a su
vez entregarían a los nuevos concesionarios.
Los pescadores acusaron a antiguas autoridades de la APIQROO
por supuesto tráfico de influencias y corrupción, para buscar favorecer a un empresario a quien ellos
nombraron como José Luis Ballesteros.
no los despojen sin buscar una solucion para ellos no es justo que se lo den a personas que no lo necesitan y tienen con que vivir y las familias e estos pescadores no